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Senadores opositores declaran preocupacion por rol del TC en Ley de Educación Superior

Uno de los conceptos mas polémicos de la presente década ha sido el lucro. ¿En donde debe aplicarse? ¿Cuales son sus limites? ¿Qué significado debe tener?

Y en el área donde mas se ha cuestionado esta retribución es en la educación donde se ha aplicado para bien o para mal con los consiguientes efectos en la enseñanza de los alumnos en diferentes niveles. Y como en todas las cosas, hay algunos que lo han hecho bien y otros mal, por eso los reclamos al respecto y cuestionamientos en los últimos años y su eliminación en el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que se tradujo en una nueva ley de educacion superior que tuvo una compleja tramitación en el Parlamento.

Pero ese legado o al menos esa eliminación puede irse al tacho de la basura o seguir adelante, dependiendo de las circunstancias. Por eso, y sumando las criticas que tienen sobre las atribuciones de esta instancia judicial, un grupo de senadores de la oposición de centro-izquierda manifestó su preocupación por el rol y las decisiones que tome el Tribunal Constitucional en su revisión de la nueva Ley de Educación Superior y en especial en lo que concierne al lucro.

Este jueves en las dependencias del Senado en el centro de Santiago, los legisladores de la Camara Alta, Pedro Araya (Independiente), Jaime Quintana (PPD) y el presidente del Senado Carlos Montes (PS) expusieron hoy en un punto de prensa sus cuestionamientos y preocupaciones al rol del Tribunal Constitucional, sus atribuciones y a las decisiones que tome con respecto al articulo 63 que establece la prohibición del lucro para los controladores de toda institución de educación superior, contenido en la nueva ley que regula el funcionamiento de la educación terciaria del país.

Algunas publicaciones de prensa como el diario La Tercera, han publicado una posible revocación de esta prohibición, producto de la mayoría “ideológica” que tiene el oficialismo en los miembros que tiene esta instancia que vela por la correcta interpretación de las leyes en base a nuestra actual carta magna que rige desde 1981, lo que encendió las alarmas de estos legisladores que cuestionaron las opiniones de algunos ministros que han adelantado su postura en torno a este tema como la otorgada ayer por el miembro del tribunal Ivan Arostica: “Las declaraciones del presidente son las mas complejas porque uno lo que espera de que un miembro de un tribunal no manifieste opinión antes de que se haya resuelto por el pleno o por la sala lo que esta discutiendo porque esta anticipando un fallo que en alguna forma puede ser una forma de presión hacia otros ministros que no han tomado decisión alguna, justamente lo que la ley plantea para todos los jueces sean civiles, penales, de la Corte suprema y del Tribunal Constitucional es que no pueden emitir opinión antes de un fallo, porque significa tomar una posición respecto a otros ministros que quizás no la tiene y que pueden constituir una presión indebida respecto a otros ministros que aun no toman decisiones y eso obviamente puede ser causal de inhabilidad. El problema es que en el Tribunal Constitucional no hay como inhabilitar al ministro en esta instancia”, acuso esta contradicción el senador Araya quien califico a este tribunal como una “tercera cámara” legislativa

Sobre las implicancias de este hipotético fallo, el senador PPD Jaime Quintana advirtió de las posibles consecuencias de la revocación de esta prohibición señalando que hasta el movimiento estudiantil puede reaccionar al respecto por lo que el gobierno debe hacerse responsable: “Lo que puede ocurrir acá es que efectivamente esto genere reacciones tempranas de lo que cualquier observador o analista pensara, desde el movimiento estudiantil precisamente por la gravedad de este hecho. Esto implica cuantiosos recursos, recursos que van a seguir yendo a las cuentas corrientes de los controladores de estas universidades y por lo tanto no van a ser reinvertidos en los procesos formativos que ha sido la discusión de la ultima década. Esto tiene larga data, en el mundo no esta permitido, Chile es una anomalía en esta materia”.

Por su parte y proponiendo un replanteamiento del T.C. el presidente del Senado Carlos Montes, pidió al presidente Piñera proponer un nuevo “Acuerdo Nacional” que reformule el funcionamiento de este tribunal con nuevas atribuciones y aprovechando la voluntad del actual mandatario nacional en hacer este mismo mecanismo de consenso para solucionar otros temas como la infancia: “Nosotros estamos estudiando la posibilidad de plantearle al presidente Piñera otro acuerdo nacional, un acuerdo nacional con un nuevo Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional como está termina siendo un punto de tope, se esta pareciendo cada vez más a lo que fueron en otro momento, los senadores designados, bloqueando la posibilidad de que la opción democrática se exprese, la deliberación del Parlamento y las decisiones que tomen se respeten”, señalo así el representante por Santiago.

Mientras tanto el fallo del T.C. que definiría esta mantencion prohibitiva o su revocación continuará sin saberse ya que los ministros del Tribunal Constitucional acordaron al menos revisar este polémico articulo u otros aspectos el próximo martes, ya que durante esta jornada, esta instancia reviso artículos relacionados con protección a menores y a la Ley de Control de Armas. Las reuniones de los miembros de este tribunal son de carácter secreta y su sola filtración esta penada por Ley.

Durante esta mañana grupos de estudiantes ligados a las Juventudes del PC y la CONFECH estuvieron esperando en las afueras de este tribunal algún resultado de esta decisión y rechazando un fallo adverso a sus intereses. Ellos estuvieron desde tempranas horas pero se retiraron cerca del mediodía.

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